El pasado miércoles 27 de mayo de 2026, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acudiera a la sede del PSOE “para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en el marco de una investigación sobre una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido o al Gobierno”. Así lo explica el Consejo General del Poder Judicial (CPJC) en esta nota de prensa.
A raíz de este suceso, los términos requerimiento y registro se utilizan de forma recurrente y de manera imprecisa en los medios de comunicación y en las redes sociales. Sin embargo, en el ámbito judicial tiene implicaciones diferentes. A continuación, te explicamos las diferencias.
¿Qué es exactamente un requerimiento judicial?
En términos generales, un requerimiento judicial, según se explica en la página web de Amagna Abogados, “es una comunicación oficial emitida por un tribunal o autoridad competente, que notifica a una persona sobre una demanda, reclamación o acción legal en su contra”. Esta notificación puede exigir o el pago de una deuda. Sin embargo, en el marco de una investigación, como sucede en el caso del PSOE, el requerimiento funciona como una comparecencia ante un tribunal o la entrega de ciertos documentos o información
El requerimiento funciona como una orden directa de colaboración con la justicia. El destinatario tiene la obligación legal de aportar la información solicitada de forma voluntaria en el plazo otorgado, sin que la resolución judicial faculte a los agentes a realizar un registro físico o coactivo del inmueble. En esta caso, el PSOE sí procedió a la entrega de los archivos y documentos requeridos por el juez Pedraz.
¿Qué es un registro y qué implica?
Según el diccionario Panhispánico del Español Jurídico un registro es una “diligencia de instrucción consistente en acceder al interior de un inmueble e inspeccionarlo en busca del posible autor del delito y de cualquier efecto que pueda servir para descubrir, esclarecer o acreditar su comisión.”
Cabe señalar que la «inviolabilidad del domicilio» es un derecho constitucional protegido por el artículo 18 de la Constitución Española, que determina que ninguna entrada o registro puede realizarse sin el consentimiento del titular o una autorización judicial, salvo en caso de flagrante delito. Por esta razón, a falta de consentimiento, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) exige que el juez instructor dicte un auto motivado (justificado de forma adecuada para evitar que la medida sea arbitraria). Esta orden judicial sí permite a las fuerzas de seguridad el acceso forzoso a la propiedad, pudiendo registrar cajones, despachos, ordenadores y cajas fuertes de forma coercitiva, incluso si los ocupantes se oponen a esta entrada.
Fuentes
Nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial (CPJC) sobre el requerimiento al PSOE (27/05/2026)
Artículo 18 de la Constitución Española
Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)