El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda con 176 votos a favor, 167 en contra y una abstención. La iniciativa continuará ahora su tramitación parlamentaria en el Senado, por lo que todavía no está en vigor.
Entre las medidas, aumenta el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública del 30% al 40%, establece una prórroga extraordinaria de un año por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social y reduce la cantidad de propiedades para ser considerado un gran tenedor. En este artículo, te explicamos las principales novedades de esta norma.
Se amplían las zonas tensionadas
Se amplían los criterios para que las comunidades autónomas declaren un barrio o un municipio como zona tensionada, con el objetivo de que los poderes públicos puedan revertir tal situación. Hablamos de zona tensionada cuando la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% la renta media de los hogares.
También se considera tensionada una zona si el precio de compra o alquiler de la vivienda ha aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.
Nueva definición de grandes tenedores
Si se aprueba esta norma, se considerará gran tenedor a aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad cinco o más viviendas y no diez, como recogía el proyecto anterior.
Límites al alquiler
En 2024, el tope a la subida del alquiler se sitúa en el 3%, un punto más que en 2023. Además, a partir de 2025 se creará un nuevo índice inferior a la evolución del IPC que tope los aumentos de la renta por la renovación anual.
En las zonas tensionadas, los precios de los contratos también estarán topados. De acuerdo con el portal Fotocasa “esta medida tiene como objetivo contener y reducir el precio de las viviendas de alquiler y no se aplicará en zonas no declaradas tensionadas».
Estos topes se establecerán dependiendo de la modalidad de contrato y de quién sea el propietario (pequeño o gran tenedor).
El propietario es el responsable de pagar los gastos de la inmobiliaria
A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, todos los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán abonados por el propietario.
Se prohíbe aumentar el alquiler con precios extra
La nueva norma prohíbe aumentar el precio del alquiler añadiendo nuevos gastos, por ejemplo, comunidad, tasa de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino y que no estuviera aprobado previamente.
Aumenta la vivienda protegida
Los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida aumentan del 30 al 40% en el suelo urbanizable (actuaciones de nueva urbanización) y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización).
Más impuestos para las viviendas vacías
Con el objetivo de evitar que haya viviendas vacías, el Gobierno permite que los ayuntamientos suban el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI, a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la Ley
Sistema de arbitraje durante los desahucios
Para evitar estas situaciones, se aplicará un sistema de arbitraje entre el arrendatario y el arrendador. Si no se llega a un entendimiento, los juzgados deberán solicitar a los Servicios Sociales un informe para acreditar si se trata de una persona vulnerable. En caso afirmativo, se suspenderá el desahucio hasta que la Administración encuentre una alternativa habitacional en forma de vivienda.
Fuentes
Nota de prensa sobre la aprobación del Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda
Artículo de Fotocasa sobre la nueva ley de viviendaProyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda