¿Qué medidas anunció el Gobierno sobre los medios de comunicación en su Plan de Acción por la Democracia?

Ayer, 17 de septiembre, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno presentó su Plan de Acción por la Democracia. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, explicó que este proyecto se compone de 31 medidas que el Ejecutivo planea poner en marcha dentro de los tres próximos años. El objetivo del plan, según Bolaños, pasa por “reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación con el fin de garantizar una información veraz”. Así se recoge en la nota de prensa correspondiente de Moncloa.

El proyecto se vertebra en tres ejes, el segundo de los cuales es el que se refiere a la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de los medios de comunicación. Esta parte se basa en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, cuyas medidas entraron el vigor el pasado 7 de mayo y serán plenamente aplicables a partir del 8 de agosto de 2025.

Dadas las implicaciones del Plan de Acción por la Democracia emprendido por el Gobierno de España, cabe preguntarse por las claves que envuelven el proyecto, especialmente en lo que atañe a los medios de comunicación. Desde INFOVERITAS te las ofrecemos todas a continuación.

Registro de medios de comunicación con información sobre su titularidad e inversión publicitaria

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, destacó la necesidad de diferenciar a los medios de comunicación de otras plataformas “cuya finalidad no es informar”. Con este fin, “se creará un registro de medios de comunicación en el que se dispondrá de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Ese registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente”, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, estableció el ministro.

Publicidad institucional

Urtasun también anunció una reforma de la ley de publicidad institucional con la que se pretende “introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación”, explican en la web de Moncloa. El ministro desgranó que dichos criterios serán elaborados en función del trabajo de expertos en comunicación y por los grupos parlamentarios.

La modificación de esta normativa incluirá también los sistemas de medición de audiencia. Se persigue que estos sigan los principios de “transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. Es decir, vamos a reformar la ley para que no se puedan falsear las audiencias, incurriendo en prácticas que alteran las visitas reales a las páginas web de los medios de información”.

Con estas medidas van encaminadas a lograr “hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news”.

Ley de secreto profesional y protección contra demandas “de silenciamiento”

Otra de las medidas que se anunciaron ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros fue el impulso de una ley de secreto profesional para “establecer mayores garantías de la independencia de los medios de comunicación”, apuntan desde Moncloa.

Con el mismo objetivo, se transpondrá una directiva de una directiva europea para una mejor protección de la profesión periodística. Esta normativa está orientada a las personas que trabajan en asuntos de interés público y se centra en su protección contra las demandas estratégicas contra la participación pública (cuyas siglas en inglés son SLAPP).

De acuerdo con lo expuesto por el Parlamento Europeo, la directiva se aplica en casos que afecten a más de un país de la Unión Europea, “y beneficiará a periodistas, activistas o académicos que trabajan en el ámbito de los derechos fundamentales, acusaciones de corrupción o desinformación”. Algunas garantías que ofrece para “evitar intentos de silenciamiento”, los casos que no tengan fundamento “podrán desestimarse en una fase temprana. Los tribunales también podrán exigir al demandante garantías financieras para cubrir el coste del procedimiento e imponer sanciones disuasorias, como el pago de una indemnización por daños”.

Derecho al honor

Por otro lado, se anunció una estrategia nacional contra campañas de desinformación y la reforma de la ley del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen para “garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique en un medio o pseudomedio de comunicación”, señaló Félix Bolaños.

De acuerdo con la nota de prensa de Moncloa, el ministro amplió al destacar que la norma vigente “que protege el honor de las personas y que garantiza el derecho a una rectificación de las informaciones no veraces que se publican se ha quedado obsoleto ante el ecosistema de medios actual”.

Asimismo, se reformará la ley reguladora del derecho de rectificación, “para mejorar el sistema con el que instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados”.

¿Se corresponde esto con la normativa europea?

Como se ha dicho, este plan es la adaptación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Este incluye medidas como la protección de la independencia editorial y de las fuentes, especialmente, esta última, contra el uso de programas espía; incrementar la transparencia sobre la propiedad de los medios y garantizarla sobre la publicidad estatal, también en el caso de plataformas online; o, entre otras, ofrecer una mayor transparencia en la medición de audiencias.

¿Qué otras medidas se incluyen en el plan?

El Partido Socialista publicó en su canal oficial de Telegram un resumen de las medidas que recoge el plan. Los otros dos ejes se basan en “ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental” y en “reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral”.

Algunos puntos que contempla el primer eje son, por ejemplo, la rendición de cuentas de todos los gobiernos, que deberán “informar a los ciudadanos sobre cuáles son sus compromisos y su grado de ejecución” o la reforma de la ley de secretos oficiales, “que es preconstitucional”.

En cuanto al tercer eje, el plan platea la obligatoriedad para los candidatos de acudir a los debates electorales o de celebrar anualmente un debate sobre el estado de la nación, el último de los cuales se celebró en 2022.